Mañana lunes 27 concluye juicio de fondo del caso Odebrecht

Un aparatoso sometimiento por corrupción que copó los periódicos, televisión, radio y redes sociales durante 5 años y donde no estuvieron todos los que son ni son todos los que están .

Después de casi 5 años de debates y audiencias kilométricas, el próximo lunes 27 deberá concluir el juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, luego de ser excluidos del expediente original otros 8 imputados que fueron beneficiados con archivos definitivos en secreto incluido el presidente del PLD de entonces, Temístocles Montás, no obstante ser este el único que confesó en el tribunal haber recibido recursos económicos para las campañas de su partido y la propia como precandidato a la presidencia en los procesos electorales de los años 2008 y 2012.

Este jueves, los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo permitirán a la defensa de cada uno de los imputados pronunciar su discurso final, para lo cual dispondrán de más de una hora.

A principio de esta semana concluyeron sus exposiciones los representantes del Ministerio Público, quienes hicieron una réplica al discurso de clausura expuesto por la defensa de cada uno de los seis imputados de los supuestos actos de sobornos y otros ilícitos penales, cuyo juicio de fondo inició el 5 de noviembre del 2020, ya que el proceso había iniciado en la Suprema Corte de Justicia por estar acusados legisladores y le correspondía esa jurisdicción.

Una vez concluyan los abogados de los imputados Ángel  Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, el tribunal dispondrá un receso hasta el próximos lunes para que estos puedan expresar unas últimas palabras si así lo decidieran antes de que las juezas  se retiren a deliberar hasta tener una decisión sobre el caso.

Tanto los abogados y sus defendidos se mostraron confiados de que del tribunal saldrá una sentencia absolutoria a favor de sus representados, debido a la supuesta falta de pruebas del órgano acusador para sustentar su caso, ya que los principales medios de prueba que había presentado el Ministerio Público fueron rechazadas por el tribunal

Peticiones del Ministerio Público en su dictamen

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a través del magistrado Wilson Camacho, pidieron al tribunal condenar de diez a cinco años de prisión a los seis imputados, además del decomiso de todos los bienes producto de la alegada corrupción en que supuestamente incurrieron.

Solicitaron10 años de prisión para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), mientras que, para Andrés Bautista, expresidente del Senado y del PRM, Juan Roberto Rodríguez, exdirector de Inapa y el exsenador Tommy Galán cinco años de reclusión y para el abogado Conrado Pittaluga solicitaron siete años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos. También, el Ministerio Público pidió el decomiso de los bienes de todos los imputados.

 Se recuerda que el Ministerio Público acusa a los imputados haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña Odebrecht dijo haber entregado como sobornos para la aprobación de sus contratos en el congreso nacional, con lo cual se infiere que para lograr la adjudicación de dichas obras por parte del poder ejecutivo esta empresa no tuvo que realizar ningún pago extra, no obstante haber sido favorecida con diversas y grandes obras por un total unos 6 mil millones de dólares.

Por esto resulta extraño, que siendo el Poder Ejecutivo y sus instituciones la instancia que decide y realiza las contrataciones de las obras públicas, desde el proceso de licitaciones hasta la firma del contrato correspondiente y, por tanto, el verdadero responsable de los términos de cualquier contratación, es decir, el que decide otorgar o no el contrato, sin embargo, parecería que el contratante nada ha tenido ver con los millonarios contratos adjudicados a Odebrecht.

Es oportuno recordar, que conforme a la ley el congreso nacional no puede modificarle ni siquiera una coma a un contrato enviado por el Poder Ejecutivo y que su facultad se limita a aprobar o rechazar un contrato y para decidir tiene un mes de plazo, según sus reglamentos internos.

Muchos creen que no son todos los que están ni están….

Durante todos estos largos debates en torno a los imputados en el caso Odebrecht distintos sectores sociales, económicos, politicos, culturales y otros han expresado sus creencias de que en estos sometimientos no son todos los que están, ni están todos los que son, ya que el Ministerio Público nunca se detuvo a explicar por qué la acusacion de sobornos formulada solo recayó sobre algunos legisladores (diputados y senadores) del partido de oposición de entonces (PRM), en cuyas gestiones solo fue aprobado el 5%, en conjunto, del total de los contratos adjudicados a Odebrecht, sin embargo, los legisladores del partido de gobierno de entonces (PLD) que habían dado su visto bueno al 95% de esos contratos, incluido el cuestionado contrato de Punta Catalina, nunca fueron invitados ni siquiera a tomar café.

Cabe recordar, que respecto a los casos de Andrés Bautista y Jesús Vásquez Martínez (Chu), entonces presidente y secretario general del PRM, respectivamente, estos han señalado reiteradamente que su inclusión en esta acusación fue producto de la retaliación política del expresidente Medina como respuesta al sometimiento que le hizo, personalmente, el expresidente del Senado Bautista García ante la Procuraduría General de la República por las maniobras ilegales y antidemocráticas que el gobierno estaba realizando con la asesoría del brasileño Joao Santana, especialista en campaña política sucia, pagado por Odebrecht y quien fue requerido por la justicia de su pais y finalmente condenado a varios de cárcel junto a su esposa y la propia empresa Odebrecht por corrupción y distintos ilícitos penales. Como es conocido, esta se declaró culpable de sobornos y aquí firmó un acuerdo de lenidad con la Procuraduría que tampoco ha cumplido declarándose en quiebra.

Ante este panorama y las expectativas generadas en la población, en pocos días se conocerán las decisiones del tribunal que ha conocido este caso, lo que podría resultar engorroso para estas magistradas toda vez que las pruebas que sustentan dicha acusación carecen de la fuerza probatoria suficiente para fundamentar una condena en base a derecho, exclusivamente.

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